En The Guardian: El Gobierno se aferra a las desacreditadas órdenes de control
12 de julio de 2009
Andy Worthington
Para la sección Comment is free de The
Guardian, " Comprobación de las órdenes de control" es un
artículo que escribí para examinar los últimos acontecimientos en la cada vez
más atribulada política del gobierno británico de detener a "sospechosos
de terrorismo" sin cargos ni juicio sobre la base de pruebas secretas,
utilizando draconianas órdenes de control que constituyen una forma de arresto
domiciliario.
El artículo trata del caso de Mahmoud Abu Rideh, cuya historia cubrí en tres artículos semanales el pasado
viernes ("Siete
años de locura: la desgarradora historia de Mahmoud Abu Rideh y las leyes
antiterroristas británicas", "¿Serías
capaz de soportarlo?: Cartas de los hijos del detenido por orden de control
Mahmoud Abu Rideh" y "Orden
de control para que el detenido Mahmoud Abu Rideh pueda salir del Reino Unido"),
y un ciudadano británico, identificado sólo como BM, que fue sometido a lo que
sus abogados describieron como "exilio interno" cuando, en mayo, fue
trasladado a la fuerza de su domicilio en Londres a un piso de un dormitorio en Leicester.
En el Tribunal Superior, hace una semana, un juez ordenó al gobierno que devolviera a BM a Londres, no
porque no estuviera de acuerdo con la evaluación del gobierno sobre la amenaza
que representaba, sino por una
sentencia de los Lores de la Ley de hace un mes -que confirmaba una
sentencia anterior del tribunal europeo- en la que los Lores asestaron un duro
golpe al gobierno al defender el derecho de las personas sobre las que pesan
órdenes de control a no ser privadas de libertad sin tener la oportunidad de
impugnar las supuestas pruebas en su contra.
A pesar de esta sentencia, me vi obligado a informar, tras entrevistar a Gareth Peirce, el abogado de
muchos de los hombres sobre los que pesan órdenes de control, de que el
gobierno no ha mostrado voluntad alguna de acatar la decisión de los Lores, a
menos que le obligue a ello un tribunal, y preveo, por tanto, que se
presentarán muchos más recursos legales, mientras el gobierno lucha por salir
de un agujero sin ley y sin principios que él mismo ha creado.
Comprobación de las órdenes de control
Andy Worthington
The Guardian
12 de julio de 2009
Dos casos de órdenes de control han ido en contra del Gobierno: ¿cuánto tiempo más podrá aferrarse a
esta política desacreditada?
El 10 de junio, los Lores
de la ley abrieron una brecha en la política del gobierno de someter a los
"sospechosos de terrorismo" -tanto británicos como residentes
extranjeros- a órdenes
de control basadas en el uso de pruebas secretas. Los Lores respaldaron una
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la cual las personas
sometidas a estas órdenes (que viven bajo una forma de arresto domiciliario)
deben recibir información suficiente sobre las acusaciones que pesan contra
ellas para poder impugnarlas.
En la sentencia (pdf),
Lord Phillips de Worth Matravers, el más veterano de los lores de la ley,
escribió: "Un procedimiento judicial nunca puede considerarse justo si se
mantiene a una de las partes en él en la ignorancia del caso en su
contra." A raíz del veredicto, Lord Pannick QC, que representaba a uno de
los detenidos por orden de control, declaró:
Dado que el ministro del Interior ya no puede imponer órdenes de control sin comunicar a los controlados el fondo de
la cuestión que deben resolver, la decisión correcta -jurídica y políticamente-
sería abandonar el desacreditado régimen de órdenes de control y concentrarse
en perseguir ante los tribunales penales a aquellos contra los que existan
pruebas de haber actuado mal.
En respuesta, el nuevo ministro del Interior, Alan
Johnson, declaró que la sentencia era "extremadamente
decepcionante" y añadió: "Todas las órdenes de control seguirán en
vigor por el momento y seguiremos intentando defenderlas ante los tribunales."
El Ministro del Interior parece haber sido fiel a su palabra. Como me explicó ayer Gareth Peirce,
abogado de muchos de los hombres: "Aunque la Cámara de los Lores reafirmó
la sentencia europea en la legislación inglesa, el Ministerio del Interior está
librando una acción de retaguardia a muerte, aferrándose a la capacidad de
afectar drásticamente a la vida de las personas sin aportar ninguna prueba que
lo justifique."
De las 20 órdenes de control vigentes el 10 de junio, sólo dos casos han salido a la luz desde la
sentencia de los Lores. El primero se refería a Mahmoud
Abu Rideh, palestino nacido en Gran Bretaña, residente en el país, con
esposa británica y seis hijos británicos, que ha estado sometido desde el
principio a todo el peso de las leyes antiterroristas del Reino Unido
posteriores al 11 de septiembre. En diciembre de 2001, Abu
Rideh fue encarcelado sin cargos ni juicio en la prisión de Belmarsh y
después, cuando su salud mental empeoró precipitadamente, en el hospital
psiquiátrico de Broadmoor, hasta que los lores dictaminaron en diciembre de
2004 que esta forma de encarcelamiento era ilegal. Desde entonces está sometido
a una orden de control, pero los efectos sobre su salud mental han sido tan
graves que, tras numerosos intentos de suicidio, su esposa abandonó
recientemente la lucha y se fue a vivir con unos parientes a Jordania,
llevándose a los niños con ella.
Tan ad hoc fue la respuesta del gobierno a los atentados del 11-S que, en un principio, esperaba eludir la
prohibición de la tortura devolviendo a los detenidos a países donde corrían el
riesgo de ser torturados, pero en el caso de Abu Rideh -como palestino
apátrida- esto nunca tuvo sentido, y ahora, ocho años después, el gobierno
parece haber reconocido que la única solución a su aparentemente interminable
limbo legal es concederle un documento de viaje internacional, como solicitó el
viernes pasado, para que pueda intentar encontrar otro país que esté dispuesto
a acogerlo.
Mientras tanto, sin embargo, tras haberle demonizado durante ocho años sin aportar nunca ninguna
prueba de sus presuntos delitos, y haber disminuido así gravemente las
posibilidades de que cualquier otro país le ofrezca asilo, el gobierno sigue
manteniéndole bajo la misma asfixiante orden de control que le ha llevado a
repetidos intentos de quitarse la vida.
El otro caso que salió a la luz el viernes se refería a un ciudadano británico y padre de cinco hijos,
identificado únicamente como BM, que en mayo se vio obligado a trasladarse de
su domicilio en el este de Londres a un piso de una habitación en Leicester,
alegando el Ministerio del Interior que era "un miembro destacado de una
red de extremistas islamistas". En el Tribunal Supremo, el juez
Mitting, basándose en la sentencia dictada en junio por los Lores,
dictaminó que estaba obligado a considerar "infundadas" las
alegaciones del gobierno, porque los funcionarios habían ocultado las pruebas a
BM y a sus representantes legales y, por tanto, no le habían dado la
oportunidad de defenderse, y ordenó que BM fuera devuelto a su domicilio en un
plazo de siete días.
No obstante, Mitting añadió una coda inquietante, señalando que, si las pruebas a puerta cerrada hubieran
estado disponibles en audiencia pública, habría apoyado la expulsión de BM de
su hogar, "a pesar de su impacto significativo y altamente adverso sobre
la familia de BM, en particular sobre sus hijos". Si se trata de una
indirecta al Gobierno, es evidente que el ministro del Interior, Alan Johnson,
debería estudiarla.
De la sentencia de Mitting se desprende que, aunque la ley ha cambiado, los ministros no son los únicos
que siguen creyendo que imponer órdenes de control -y, en el caso de BM,
someter a los ciudadanos británicos a un "exilio interno"- es una
respuesta adecuada a las acusaciones de implicación en terrorismo, en lugar de,
como sugirió Lord Pannick, "concentrarse en procesar en los tribunales
penales a aquellos contra los que existen pruebas de que han actuado mal".
O, como dijo Peirce, de forma más contundente:
Al aplicar la decisión ejecutiva, pero sin pruebas que la respalden, el Ministerio del Interior sigue eludiendo
sus obligaciones legales, dando marcha atrás sólo cuando se ve obligado a
ello por los tribunales, y acercándose peligrosamente a tratar la sentencia de
los lores con desprecio.
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